Ahir molts catalans cristians omplirem el saló d’actes
amablement cedit per Caixa Fòrum per afirmar el suport a la iniciativa cívica
pel dret a decidir. Seguint els suggeriments d’algun orador he fet una petita
nota en castellà, que presento a continuació tal com ha estat publicada, com a
notícia destacada a la revista d’àmplia difusió Religión Digital, als quals agraeixo
la seva amabilitat d’editar l’article.
Hubo un gran abad de Santa María de
Montserrat, García de Cisneros, quien en el siglo XV fue impuesto
por los reyes de Castilla, primero como prior, para poner en orden a la poco
observante comunidad monástica y, de paso, castellanizar sus usos y costumbres.
Ahora, nadie discute que García de
Cisneros fue unos de los grandes abades de este monasterio benedictino. Sus
méritos fueron varios. Quizás el más importante fue gobernar
con visión cristiana y con mayor profundidad espiritual. Su libro
sobre los ejercicios espirituales fue muy influyente en su tiempo y fue guía
para muchos devotos. San Ignacio de Loyola fue deudor de la obra de este gran abad.
Otro de sus méritos, quizás menos
conocido, fue comprender que, a pesar del encargo real recibido, el monasterio
de Santa María aunque fuera adscrito por la fuerza a la congregación de
Valladolid con el objetivo de someterlo a las costumbres castellanas, en el
monasterio existía una realidad difícil de doblegar: la devoción a la Virgen surgía del corazón de los catalanes y se
expresaba con una identidad propia y diferente a como se vivían estas cosas en el
reino de Castilla. Santa María de Montserrat, aunque fuera dependiente de la
congregación castellana, jamás renunció, y así lo ha mantenido hasta ahora, a estar al servicio del pueblo catalán.
Catalunya, en aquellos lejanos años, tenía
una personalidad política y cultural propia. Se regía por unas leyes diferentes a las castellanas y sus condes, primero, y
luego sus reyes dentro de la corona catalano-aragonesa habían conferido una
singularidad jurídica única en relación a los diferentes reinos de aquellos
años.
La Diputació del General, el precedente de
la actual Generalitat, fue una institución democrática, gobernada en muchas
ocasiones por eclesiásticos, entre los cuales hubo más de un abad de Santa
Maria de Montserrat, que supo mantener la fisonomía política de Catalunya
durante siglos. Pero la disputa sucesoria del siglo
XVIII terminó radicalmente con este gobierno propio de Catalunya y la victoria armada de los borbones
en 1714 terminó por suspender los derechos e instituciones políticas de los
catalanes.
Las armas lograron imponer, al fin, aquello
que varios reyes de Castilla habían pretendido años atrás, que España, con
estado, fuero el resultado del domino del reino de Castilla sobre el resto de
entidades políticas territoriales existentes en la península ibérica. La unión
de Catalunya con España fue impuesta por una guerra de la cual ahora se
conmemora el tricentenario.
Ahora, trescientos años después de la derrota
armada de 1714, el Parlament de Catalunya, ha pedido al gobierno de España
elevando la petición a la representación parlamentaria del pueblo español, poder decidir sobre cual es el futuro político de la relación
Catalunya-España. La única respuesta política ha sido un no rotundo
a celebrar un referéndum sobre este tema con el argumento de que la soberanía
en España reside en todos los españoles.
Sin embargo, en Catalunya, no todo el mundo
comparte esta visión. Se considera que hoy, como hace trescientos años y más,
la soberanía sobre el futuro de Catalunya, recae única y exclusivamente en los
catalanes. Una opción fundamental es que Catalunya como nación tienen el derecho a decidir su futuro. Cerrada hoy la puerta del
referéndum, aduciendo que esto lo exige la Constitución, la alternativa
propuesta por el Parlamento catalán es celebrar una consulta el próximo 9 de
noviembre aplicando una ley que pronto será aprobada por el Parlament de
Catalunya. Esta debería permitir conocer el estado de opinión de los catalanes
sobre cual ha de ser la vinculación política de Catalunya con el resto de
pueblos que conforman España.
Como el gobierno de España sigue cerrando
puertas, tampoco parece probable que deje que se celebre esta consulta. Ante
esta cerrazón política, algunas instituciones de la
sociedad civil se están movilizando para pedir lo que parecer más que
razonable: dejar expresarse con naturalidad a los catalanes sobre como quieren
que sea su vinculación con España.
Dentro de esta campaña a favor del
"derecho a decidir" el futuro político de Catalunya, ungrupo de cristianos ha creado una plataforma para argumentar, a partir de la propia
Doctrina Social de la Iglesia, el derecho que tienen las personas a ser
consultadas en relación a cuestiones tan esenciales como el futuro político de
su país.
Ayer, este movimiento cívico, Cristians pel dret a decidir, organizó un acto de
presentación en sociedad. La sala de actos del Caixa Fórum,
quedó pequeña para reunir a cientos de cristianos catalanes que, desde
diferentes sensibilidades políticas y sociales, están de acuerdo que es
fundamental poder decidir cual es el futuro político de Catalunya.
Diferentes oradores dieron suficientes
razones para argumentar que este derecho está ampliamente reconocido en la
Doctrina Social de la Iglesia católica. Cada uno de ellos desgranó, algunos
apelando a la reflexión doctrinal y otros a criterios más vivenciales, como
explicar a la sociedad porqué hay cristianos que consideran hoy un deber moral
poder votar sobre la decisiva pregunta sobre cual debe ser el encaje de
Catalunya con España.
El hecho moral, se dijo, es poder votar, no el
resultado de la votación. Porqué el valor
moral es poder expresar la opinión sobre este tema que hoy condiciona la agenda
política de Catalunya y de España. Se trata de saber explicar estas cuestiones
con pedagogía y amabilidad a quien quiera oír y atender lo que piensan aquellos
catalanes que quieren modificar las relaciones de Catalunya con España. Aunque,
como dijo un orador, si "España tiene un problema con Catalunya, los
catalanes no queremos ser un problema para España". El acto fue un gran
éxito cívico y las razones allí expuestas son buenos argumentos para ayudar a
comprender cuales son los motivos que animan a quienes piden algo que parece como
muy normal en cualquier estado democrático: poder votar el próximo 9 de noviembre.
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